El mundo avanza cada vez más hacia una economía descarbonizada en la que sus matrices energéticas provengan de recursos renovables, dado que el impacto en el medio ambiente será mucho menor. Pero la transición hacia esa meta no es fácil ni rápida, y requiere de una planificación bastante cuidadosa.
Y es que si bien con la pasada subasta de energía la generación solar y eólica en Colombia pasará de tener una participación en la matriz actual del 3% al 26% en tres años, para expertos y gremios del sector se debe tener el respaldo en otras fuentes, pues “el viento no sopla todo el día y hay que garantizar el servicio en las horas pico de la noche”.
En esto, los diferentes actores de la cadena coinciden en algo: es necesaria una transición energética que no sacrifique la seguridad y confiabilidad del suministro.
Ponen de ejemplo a Alemania, quien enfocado en disminuir totalmente sus emisiones de gases efecto invernadero estableció metas ambiciosas de reducción de CO2 en un 80% para 2050, así como el cierre de 20 plantas de energía nuclear que sustentaban su red de energía, dados los riesgos ambientales.
Sin embargo, con el cierre de estas plantas tuvieron que respaldar su suministro eléctrico con gas proveniente de Rusia. Pero debido a la guerra con Ucrania, a Alemania no le quedó más remedio que importar gas natural licuado de Estados Unidos y Catar; además de tener que reactivar viejas centrales de carbón. Estas medidas generaron un retroceso con mayor emisión de gases de efecto invernadero de lo esperado, afectando sus metas al 2050.
Esto lo llama el Foro Económico Mundial como el “trilema” entre sostenibilidad, asequibilidad y seguridad al que ha de enfrentarse la transición energética.
“La invasión rusa en Ucrania ha expuesto a la industria energética y al mundo la fragilidad de la seguridad energética. Las centrales de carbón se están poniendo en marcha y los proyectos de energías renovables están sufriendo presiones. Por otra parte, los consumidores se ven presionados por el costo de la energía”, señaló el informe.
Para el organismo, el triple problema ha conducido a un conflicto de prioridades. “Pero, en un sistema energético descarbonizado, deberían tirar todas en la misma dirección, y los sectores público y privado podrían resolverlo con un nuevo enfoque de escalado y aplicación”.
Lo que no se quiere, entonces, es que a Colombia le pase lo mismo que a Europa, pues el país aún cuenta con los recursos e infraestructura para continuar siendo autosostenible energéticamente y abastecer la demanda cuando esta supere la capacidad de producción de las renovables.
¿Cómo hacerlo?
Las previsiones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) apuntaban a que el consumo de energía en Colombia crecería cada año entre un 2,2% y un 3,4%; pero está aumentando por encima del 5%; es decir, el doble de lo proyectado.
Esto, sumado a la falta de lluvias por el fenómeno de El Niño que llevó al bajo nivel de los embalses, y el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación, ha encendido todas las alertas.
Una de ellas la hizo la Contraloría General de la Nación, que instó a que se promueva un marco regulatorio transitorio, excepcional, que les permita a los proyectos de generación que se encuentran listos conectarse al sistema; así como poner en marcha un plan de choque para garantizar el suministro de energía en el país durante los próximos meses.
“Colombia ya tiene una demanda anual del 7% de energía. En los próximos cinco años necesitaríamos el 35% de toda la capacidad instalada que tiene el país. Si no tenemos nuevas fuentes de producción y además el 80% de los proyectos que adjudicamos, que son energías limpias, terminan teniendo siniestralidad, estamos enfrentándonos no solo al reto del fenómeno de El Niño, sino también a la discusión más gruesa y más profunda para los próximos 10 años en torno a cómo el país se ha preparado para resolver los problemas de seguridad energética”, afirmó el contralor (e), Carlos Mario Zuluaga.
Precisamente, durante el Congreso Naturgas 2024, Carlos Garibaldi, presidente de la Asociación de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), explicó que hay una tensión que plantea la necesidad de garantizar la seguridad energética al mismo tiempo que el crecimiento demográfico y económico aumenta la demanda de energías fósiles en el mundo.
“Lamentablemente, las energías renovables no convencionales como la eólica y la solar hoy solo contribuyen con algo más del 3% de la matriz energética primaria global”, comentó.
El directivo regional señaló que para superar esa encrucijada tiene que haber cierto pragmatismo y garantizar todas las fuentes de energía en paralelo mientras las renovables van madurando y venciendo sus barreras para tomar el timón.
“Por ejemplo, ni en el escenario de descarbonización más agresivo de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), que es el de cero emisiones netas para 2050, se puede prescindir en la matriz energética del petróleo y el gas”, dijo.
Pero agregó que este último combustible es el “ideal de la transición energética porque tiene muchas menos emisiones que el petróleo y el carbón y tiene sinergías con las renovables”.
En el caso puntual de Colombia, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), consideró que la transición no supone sacrificar la seguridad energética.
“Para proveer una mejor calidad de vida es fundamental pasar a una transición energética justa y ordenada. Justa para el bolsillo de los colombianos y ordenada en el aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles”.
Para la dirigente gremial se debe acelerar la transición energética utilizando recursos como el gas natural para descarbonizar sectores que, en el corto plazo, pueden presentar reducciones efectivas de emisiones, lo que a su vez ayude al país a cumplir con los compromisos climáticos que tiene al 2030 y el 2050.
“La industria del gas natural en Colombia genera solo el 1% del total de emisiones de CO2 (…) El gas está llamado a brindar el respaldo y a mantener seguridad energética frente a la intermitencia del sol y el viento, especialmente en coyunturas como el fenómeno de El Niño”, sostuvo Murgas.
A su turno, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), sostuvo que la incorporación de energía proveniente de fuentes como sol y viento debe continuar siendo un tema de la agenda, pero no puede ir en contra de que haya electricidad en casas, hospitales, escuelas y universidades.
“La descarbonización se ha vuelto un tema de competencia entre países y ahí nos estamos equivocando. En primer lugar, no todos tenemos el mismo afán por incorporar más energía renovable, ya que por ejemplo la matriz de generación eléctrica colombiana es mayoritariamente limpia y referente a nivel mundial. Además, que nos pongan a escoger entre transición energética y seguridad energética es un error que podría salir muy costoso”, opinó.
Desde la óptica de Guillermo Cajamarca, VP of Business de Bia Energy, acelerar la transición energética en Colombia sin sacrificar la confiabilidad del sistema es un desafío que requiere una planeación y la integración de varias estrategias.
Entre ellas, dijo, está seguir impulsando la entrada de proyectos de generación, hacer más ágil la gestión de licencias ambientales y consultas a las comunidades, y dar celeridad a procesos de conexión para que estos proyectos puedan entregar energía al sistema en el menor tiempo posible.
La brecha norte-sur
Si la seguridad energética es la primera dificultad que enfrenta la transición, el calendario es la segunda. ¿A qué velocidad debe —y puede— avanzar? Todo esto ha agudizado las diferencias entre países ricos y pobres en cuanto a la forma de hacerlo.
Daniel Yergin, vicepresidente de Standard & Poor’s Global, destacó en una columna para el Fondo Monetario Internacional (FMI) que uno de los grandes retos es la aparición de una nueva brecha norte-sur que refleja las discrepancias sobre las políticas climáticas y de transición, sus efectos sobre el desarrollo, quién es responsable de las emisiones, acumuladas y nuevas, y quién debe pagar por ellas.
“En los países en desarrollo lo que se percibe como único objetivo de reducción de las emisiones debe sopesarse frente a otras prioridades urgentes como la salud, la pobreza y el crecimiento económico. Miles de millones de personas siguen cocinando con leña y residuos, lo cual genera contaminación y perjudica la salud”, expresó el analista.
Y puso de ejemplo cuando en septiembre de 2022 el Parlamento Europeo votó a favor de rechazar una propuesta de oleoducto desde Uganda al océano Índico, pasando por Tanzania. Entre las razones estaban las consecuencias negativas sobre el clima y el medio ambiente.
Pero, anotó, este organismo tiene su sede en Francia y Bélgica, países cuyo ingreso per cápita multiplica casi por 20 el de Uganda. Como era de esperarse, el rechazo provocó una fuerte reacción: Thomas Tayebwa, vicepresidente del Parlamento ugandés, indicó que era injusto que la UE acuse a Uganda de contribuir a la crisis climática con la exportación de sus reservas petrolíferas, al mismo tiempo que los europeos son responsables de una buena parte de las emisiones de gases contaminantes del planeta.
“Se han emitido 53 licencias en el mar del Norte y Alemania ha reactivado sus plantas de carbón. Además, los países occidentales están buscando cómo importar gas natural de los países africanos. ¿Es la seguridad energética un coto exclusivo de la UE? ¿Uganda no tiene los mismos derechos”, declaró Tayebwa en ese momento.
De esta manera, para Yergin, la transición energética y las brechas que ha generado entre países enfrenta grandes retos: la recuperación de la seguridad energética como requisito primordial; la falta de consenso sobre la velocidad a la cual puede y debe realizarse la transición, en parte debido a los trastornos económicos que pueda provocar, y la creación de cadenas de suministro de los minerales necesarios para lograr el objetivo de cero emisiones netas.
