El reciente apagón que dejó sin electricidad al municipio de Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, ha puesto en evidencia una problemática que podría extenderse a otras regiones de Colombia.
De hecho, el corte de energía, que afectó a 40.000 personas el pasado 2 de enero, fue consecuencia directa de la falta de desembolsos de subsidios por parte del Gobierno a las empresas comercializadoras de energía.
Este incidente no solo encendió las alarmas en el sector energético, sino que reveló el riesgo de un aumento sin precedentes en las tarifas de los servicios públicos si no se toman medidas inmediatas.
De acuerdo con los principales gremios del sector energético, entre ellos Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y la Asociación de Energías Renovables (SerColombia), la situación actual podría derivar en una “crisis financiera sistémica” que afectaría el suministro de energía eléctrica y gas natural en todo el país.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones advirtieron que los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes son los principales beneficiarios de los subsidios, serían los más perjudicados si el Gobierno no garantiza los pagos pendientes a las empresas del sector.
Según indicaron, el caso de Puerto Carreño fue un claro ejemplo de las consecuencias de esta problemática. La empresa Electro Vichada, encargada de suministrar energía en la región, explicó que el Gobierno adeudaba más de 6.100 millones de pesos colombianos, lo que imposibilitó la continuidad del servicio. Aunque la situación fue resuelta el 3 de enero tras un acuerdo entre el Ministerio de Minas y Energía, la generadora Refoenergy y la proveedora de diésel Terpel, el incidente dejó en evidencia la fragilidad del sistema.
Uno de los puntos más críticos señalados por los gremios es el impacto que tendría el desmonte de los subsidios en las tarifas de los usuarios. Según las proyecciones, de no garantizarse los pagos estatales, las facturas de energía podrían aumentar hasta un 150%. Este incremento sería un golpe devastador para los hogares más vulnerables, que dependen de estas ayudas para acceder a servicios básicos.
Según información revelada por El Colombiano, las empresas del sector desembolsaron unos 2,7 billones de pesos en subsidios de energía eléctrica durante 2024, sin recibir la compensación correspondiente del Gobierno y, en el caso del gas natural, la deuda asciende a 628.000 millones de pesos.
Esta falta de liquidez no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas, sino que también las obliga a recurrir al mercado de energía en bolsa, donde la volatilidad de los precios podría traducirse en mayores costos para los consumidores.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, señaló que el pago de los subsidios no es una concesión del Gobierno, sino una obligación respaldada por la Constitución y diversas leyes, como las leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 847 de 2001 y 201 de 2004. Estas normativas establecen las bases para la aplicación y financiamiento de los subsidios, que históricamente han sido cubiertos por los gobiernos de turno.
Sin embargo, los gremios han expresado su preocupación por el desfinanciamiento de estas ayudas en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025.
Según el documento final aprobado por decreto, los subsidios para energía eléctrica y gas natural quedaron sin cobertura para dos trimestres y dos trimestres y medio, respectivamente. Esta situación representa un cambio respecto a años anteriores, cuando los recursos se apropiaban en un plazo máximo de tres meses.
Ante este panorama, las empresas del sector han solicitado al Gobierno que garantice los recursos necesarios para mantener los subsidios. Según las proyecciones de Andesco y otros gremios, el presupuesto estatal para 2025 requiere 2,1 billones de pesos para cubrir los subsidios de energía eléctrica y 900.000 millones de pesos para los de gas natural.
Además, han pedido que se emitan con urgencia los certificados de deuda de subsidios y que se definan nuevos criterios de asignación para focalizar los recursos en los usuarios más necesitados.
Otra de las demandas clave es que el presidente Gustavo Petro cumpla con su promesa de asumir la deuda de la “opción tarifaria”, que asciende a 4,5 billones de pesos. Esta deuda se originó durante el gobierno de Iván Duque, cuando se congelaron las tarifas de energía en medio de la pandemia de 2020.
Sin embargo, la falta de aprobación de la reforma tributaria, que buscaba recaudar 12 billones de pesos, ha generado incertidumbre sobre la capacidad del Ejecutivo para cumplir con estas obligaciones.
Fuente: infobae.com
