El ‘harakiri’ de Ecopetrol y cómo algunas decisiones impactarían el patrimonio público

A primera vista se trataba de una ocasión feliz. El motivo era el lanzamiento, el pasado 31 de julio, del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición –que reemplaza al antiguo Instituto Colombiano del Petróleo– y cuya sede se encuentra en Piedecuesta, Santander, a poca distancia de Bucaramanga.

Con la presencia del Presidente de la República, los asistentes escucharon sobre el giro de la entidad dedicada a la investigación aplicada, que ahora concentrará sus esfuerzos en el uso de tecnologías de punta “para apalancar proyectos de hidrógeno, energías renovables, soluciones de bajas emisiones y biocombustibles, entre otros”. Así lo señaló un comunicado de Ecopetrol, que hará un esfuerzo importante en materia de recursos para el organismo, cercano a los 200 millones de dólares, que serán transferidos entre 2024 y 2030.

Más allá de que la agenda se atrasó debido a la demora del mandatario y de que esté en una larga intervención afirmó que la principal empresa del país debe dedicarse a generar energía eléctrica –a pesar de que las normas vigentes se lo impiden–, los altos ejecutivos de la compañía estaban expectantes. El motivo es que después de varios intentos, Gustavo Petro había decidido reunirse con la junta directiva de la sociedad en la cual la Nación es accionista mayoritaria, justo cuando esta debía tomar una decisión trascendental.

El día del evento se vencía el plazo para aprovechar una oportunidad de inversión particularmente atractiva. Se trataba de adquirir, a través de una subsidiaria, el 30 por ciento de los activos de una firma en Estados Unidos, que impactaría positivamente las diferentes métricas de la petrolera colombiana.

Pero en contra de las expectativas de quienes creían que el jefe del Estado estaría de acuerdo –así fuera a regañadientes– con una decisión que llevaba meses en estudio y había recibido la luz verde de diferentes comités internos, desde el arranque de la cita fue evidente que la postura era otra.

A lo largo de lo que alguien describió como una diatriba llena de críticas a la administración del conglomerado, este señaló su oposición a la idea. Y cuando alguno se atrevió a hablar para abogar por una determinación diferente, la ira presidencial no se hizo esperar.

Así, en cuestión de minutos, quedó enterrada la posibilidad de lo que siempre se consideró un movimiento acertado. Acto seguido, una vez los integrantes de la junta quedaron solos y arrancó la que había sido convocada como una sesión extraordinaria, varios que estaban originalmente en una orilla se movieron a la otra, con lo cual ni siquiera valía la pena votar.

Aunque semejante desenlace se supo casi inmediatamente y tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación hubo comentarios y testimonios, la historia está lejos de concluir. Dentro de pocos días, Ecopetrol revelará sus resultados durante el segundo trimestre y deberá contestar las preguntas de accionistas y tenedores de bonos. Además, estaría obligada a ampliar la que es una información relevante ante las autoridades bursátiles de Colombia y Estados Unidos, pues sus títulos están inscritos en Nueva York.

Dice el refrán que de nada sirve llorar sobre la leche derramada. Pero así lo ocurrido no tenga reversa, vale la pena recordar en qué consiste el sacrificio del llamado ‘Proyecto Oslo’.

Según un documento interno de la empresa, la transacción frustrada habría permitido incrementar la producción en 9 por ciento durante 2025, algo equivalente a 65.000 barriles diarios de crudo adicionales. En un porcentaje similar podrían haber subido las reservas recuperables con corte a diciembre próximo –calculadas en 212 millones de barriles más–, suficientes para reponer con creces las que se utilizarán este año.

Desde el punto de vista de las utilidades netas de Ecopetrol, estas se hubieran incrementado en 14 por ciento en el calendario que viene, una suma estimada entre 1,3 y 1,6 billones de pesos extra. Dado que tanto por impuestos de renta como por dividendos la Nación se habría beneficiado, las arcas estatales no percibirán alrededor de un billón de pesos anuales durante la vida útil de la explotación.

Aparte de lo anterior, la adquisición se encontraba financiada en un 100 por ciento, pues ya se había hablado con varios bancos para un crédito puente. Los números era tan atractivos que antes de finalizar la presente década se habría pagado plenamente un negocio de 3.630 millones de dólares.

Tampoco se olvidaron las consideraciones ambientales, pues se mostró que el índice de carbono intensidad de un campo vecino en el cual Ecopetrol ya tiene presencia en Texas es una octava parte de los 37 que opera directamente en Colombia. Eso quiere decir muchos menos kilogramos de dióxido de carbono vertidos a la atmósfera.

Tales cuentas se hicieron con bases serias, pues se trata de una zona con yacimientos identificados, en la cual simplemente hay que hacer el trabajo de perforar y explotar, con lo cual los frutos se ven de manera muy rápida. Sin duda la actividad tiene complejidades, pero Occidental Petroleum –que es el socio mayoritario– cuenta con una larga experiencia en el área, en la que también se han entrenado profesionales colombianos.

Sin embargo, ninguno de esos argumentos resultó válido por cuenta de una sola palabra: fracking. Como es bien conocido, el actual gobierno es enemigo de la técnica de la fracturación hidráulica. Esta consiste en usar líquidos a alta presión para crear fisuras en las formaciones rocosas del subsuelo y liberar hidrocarburos atrapados en depósitos pequeños.

Motivo de polémica desde hace años, el método en cuestión cuenta con amigos y enemigos. Si bien la evidencia científica desmonta las afirmaciones sobre sismicidad y afectación de fuentes de agua, es verdad que se encuentra proscrito en algunos lugares. En otros atrae inversiones cuantiosas, como pasa en el departamento argentino de Neuquén, vecino de Chile, donde se ubica la formación Vaca Muerta.

De vuelta al territorio nacional y a pesar de los grandes prospectos que existen en la parte del Magdalena Medio, tan pronto llegó al poder, la administración Petro suspendió los proyectos piloto que estaban en marcha, con el fin de recabar datos para dar el siguiente paso. Igualmente, impulsó un proyecto en el Congreso para prohibir la técnica, el cual se hundió, pero será presentado de nuevo en esta legislatura.

Como no parecía ser consistente que la llamada joya de la corona estatal aumentara su presencia en campos que usan fracking en Estados Unidos, mientras en Colombia tiene esa puerta cerrada, Petro optó por la línea radical en el último momento. De haberse sabido antes, la empresa habría podido ceder el derecho a su participación a un tercero, embolsándose un buen dinero, pero los tiempos no lo permitieron.

Tras el portazo de Piedecuesta, el clima interno en Ecopetrol oscila entre la depresión y la incertidumbre. Caras largas en los pasillos y personas que hablan de irse a otros sitios abundan, porque no se entiende la racionalidad de enterrar una iniciativa que habría generado recursos para enfrentar de mejor manera los retos del futuro.

Aparte de la oportunidad perdida, es claro que hay una diferencia fundamental entre lo que piensa el Presidente de la República y el rumbo por el cual viene la compañía. Tal como lo reiteró el propio Petro en Manizales el viernes pasado, de lo que se trata es de acelerar el cambio.

“Si está muriendo una economía, tiene que aparecer otra”, señaló durante el foro sobre reactivación económica que tuvo lugar en la ciudad. De paso anunció que en la reforma tributaria que presentará al Congreso próximamente buscará que suban los impuestos que pagan las sociedades del sector extractivo, porque igual a estas les queda poco.

Dentro de la visión del mandatario, el carbón tiene los años contados y dejará de usarse a comienzos de la década que viene. Por su parte, el petróleo seguirá la misma senda con lo cual será marginal para mediados del siglo. Debido a ello, hay que moverse de lleno al terreno de las renovables para convertirnos en una potencia productora de kilovatios limpios y baratos que servirán, por ejemplo, para potenciar las granjas de servidores en las que se apoya la inteligencia artificial que demanda un enorme poder de computación.

Sin duda el planteamiento suena atractivo y permite soñar con un mundo mejor. El problema es que la realidad dice otra cosa. En el caso del carbón, la producción global sigue en alza y alcanzó el año pasado los 8.500 millones de toneladas métricas. A pesar de una menor demanda en Europa y Norteamérica, en Asia el consumo sigue disparado.

Según el experto Frank Umbach, hay más de 200 grandes plantas termoeléctricas en construcción que usarán el mineral, mientras que el total ya aprobadas o en proceso de preconstrucción supera las 350. China, India o Indonesia son las protagonistas de un mercado que sigue vigente. Incluso la multinacional Glencore, socia del Cerrejón, acaba de abandonar los planes para salirse del negocio, después de que sus inversionistas se opusieran a la idea.

A su vez, el declive para el petróleo se ve todavía más lejano. Un reporte reciente de Goldman Sachs sostiene que el pico de consumo –que hoy asciende a unos 103 millones de barriles de crudo al día– se alcanzaría en 2034 o incluso en 2040 si el uso de vehículos eléctricos no resulta ser tan masivo.

En el entretanto, ciertas opciones han perdido brillo. Ese es el caso del hidrógeno, que no ha podido sortear aún interrogantes relacionados con su producción y costo. Durante la más reciente cumbre del sector en Houston, el desencanto con esta opción fue evidente.

Todo lo anterior deja a Ecopetrol en una sin salida. Por una parte, desde la Casa de Nariño se le ordena abandonar los combustibles fósiles para dedicarse a la generación de electricidad sin tener autorización legal para hacerlo. Incluso si ese permiso se obtiene, los márgenes en este segmento son mucho menores que en el tradicional.