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Casa Eléctrica es un parque eólico ubicado en Uribia que empezaría su construcción a finales de 2026 y podría abastecer de energía a unas 500.000 personas. Después de siete años de contratiempos lograron concertar con las comunidades, que ya tienen parte de los recursos que reciben por el uso de sus tierras y planean construir un centro de salud y mejorar sus viviendas. Parece que, tras años de proyectos abandonados y conflictos entre empresas y comunidades, hay nueva luz para la transición energética en La Guajira.
La primera vez que las aspas de un aerogenerador giraron impulsadas por el viento de La Guajira todavía no se hablaba de transición energética en Colombia. En 2003, cuando el Cabo de la Vela no era el corregimiento turístico que es hoy, Empresas Públicas de Medellín (EPM) llegó a instalar 15 turbinas eólicas para aprender sobre el potencial de los vientos del norte que golpean la península. Ya habían dialogado durante tres años, desde 1999, con tres comunidades indígenas Wayuu sobre el proyecto, sus impactos y la forma en la que las compensarían por utilizar su territorio para el primer experimento de energía eólica en el país.
Poco después, esos puntos se convirtieron en proyectos con nombre propio. David Rodríguez Viloria, indígena Wayuu de la comunidad Irraipa, recuerda que fue en 2010 cuando “llegaron a poner una antena” para medir la fuerza de los vientos en su territorio. Lo mismo pasó con decenas de comunidades dispersas desde Punta Gallinas, pasando por el Cabo de la Vela, hasta Wimpeshi, en la frontera con Venezuela.
Para ese momento, seis años después de que se puso en marcha el primer aerogenerador de EPM, el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) empezó a hablar de transición energética. “Los expertos me dicen que La Guajira, en el norte del país, es uno de los lugares más privilegiados del mundo”, dijo el entonces presidente durante una visita a Alemania en 2011, refiriéndose al potencial de la energía eólica y solar en esta región.
Las expectativas ante la llegada de empresas al territorio no tardaron. “Nos dijeron que iban a mejorar las vías, que iba a haber hospital”, señala Rodríguez. En un territorio abandonado por el Estado, como ha señalado la Corte Constitucional en varias oportunidades, la posibilidad de tener inversión social y en infraestructura llamó la atención de todos. Sin embargo, desde entonces, solo uno de los 16 parques eólicos planeados en el departamento ha entrado en funcionamiento: Guajira I, ubicado en el Cabo de la Vela y operado por Isagen, una empresa de capital canadiense. Es, además, el único parque eólico del país generando energía, luego de que EPM apagara sus aerogeneradores en 2023.
Todos los demás han tenido retrasos desde 2019, cuando se hizo evidente una crisis de relacionamiento entre las compañías y las comunidades Wayuu, que terminó con la salida de proyectos de la región. Hubo denuncias sobre malas prácticas por parte de algunas empresas y una ruptura del tejido social en muchas comunidades, como advirtió un informe de Indepaz publicado en 2023. La idea de que La Guajira fuera el motor de la transición energética se apagó durante varios años.
Hoy parece que hay vientos a favor de lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado en repetidas ocasiones una “revolución energética”. Casa Eléctrica, uno de los proyectos más grandes que se han planeado en el departamento, a cargo de la multinacional AES, espera construir los aerogeneradores de su parque eólico en el último trimestre de 2026. Es decir, empezaría a operar en 2027, produciendo 180 megavatios de energía, suficiente para abastecer a unas 500.000 personas.
Terminaron la consulta previa y establecieron un sistema de compensaciones sociales y ambientales, del que las comunidades ya están recibiendo recursos. Este proyecto, dicen los empresarios, “envía un mensaje” para avanzar con otros 14 proyectos que ya deberían estar operando pero que tienen retrasos. ¿Podrá, por fin, despegar la transición energética en La Guajira?
La bonanza de las energías renovables
Al subir al cerro Kamaichi en el Cabo de la Vela —conocido por los turistas como “el pilón de azúcar”—, la fuerza del viento hace difícil caminar. Las tiendas de artesanías, hechas en yotojoro y madera, tienen que cubrir sus laterales con telas para evitar que las corrientes se las lleven. Desde la cima del cerro se ven hombres y mujeres Wayuu que recorren el desierto a pie o en bicicleta. “La gente aquí ya está acostumbrada”, dice un guajiro al verlos cargar galones de agua como si el viento no estuviera soplando.
En la cultura Wayuu “hay una visión plural de los vientos. Cada uno es una persona, cada uno tiene un código moral. Hay vientos con relaciones antagónicas, de cooperación, de engaño o de violencia. Algunos vientos traen el hambre y la sequía, como Jouktai, pero otros son amorosos, como Jepirachi, que es el viento alisio del nordeste”, explica Weildler Guerra, un antropólogo Wayuu que ha dedicado su vida a estudiar la cultura de su pueblo. Pero para las compañías que empezaron a llegar a La Guajira a construir parques eólicos, dice Guerra, “los vientos son agentes geofísicos inertes que generan energía y dinero”. Ese fue el primer desencuentro.
No era la primera vez que llegaban personas ajenas a su territorio para explotar recursos. La Guajira ha tenido varias bonanzas antes de la llegada de las energías renovables: de perlas, de sal, de carbón y de gas. Todas han traído conflictos con las empresas y disputas entre clanes, señala Rodríguez. Las principales son por el derecho sobre la tierra, que se hereda únicamente por línea materna y cuyas autoridades ancestrales son quienes toman las decisiones, con la participación de toda la comunidad.
Lewis Martínez, miembro de la comunidad Casushi, que hace parte del área en la que se construirá Casa Eléctrica, hace una distinción importante: hay conflictos que sí tienen que ver con la presencia de la empresa y hay otros que vienen de antes. “Cualquiera que sea, desde las comunidades siempre tratamos de resolverlos por la vía del diálogo”, asegura. Además de la tierra, las disputas se generan por la expectativa de que una empresa pueda suplir lo que el Estado no ha logrado: agua potable, alimentación, educación de calidad o servicio de energía.
El problema con los proyectos de energía eólica, dice Rodríguez, es que las comunidades se enteraron muy tarde de qué se trataba. Mientras tanto, en el resto del país se hablaba sobre el rol clave de la transición energética en el proceso para abandonar los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y la urgencia de poner en marcha los aerogeneradores. Muchas comunidades, incluso hoy, “no tenemos claro cómo es el negocio, qué es lo que van a hacer con los proyectos”, agrega.
“Con mucha frecuencia se ve a los Wayuu como agentes no económicos, sino personas que son objeto de caridad. El país ha creado una noción de caridad sobre la Guajira. Entonces, llegan estos proyectos, que son por el interés de la nación, y a los guajiros se les pide que se sacrifiquen por el interés de la nación. O sea, que no tengan expectativas económicas”, apunta Guerra.
En ese ambiente de desconfianza y conflictos, entre 2019 y 2024 se conocieron los anuncios de renuncia a la construcción de proyectos de energía eólica por parte de empresas como Enel o EDP Renovables. Alegaban dificultades en las consultas previas, bloqueos a las obras por parte de las comunidades y una “inviabilidad” para continuar con sus inversiones. En la otra cara de la moneda, el informe de Indepaz denunciaba acuerdos para el uso de la tierra entre algunas empresas e indígenas que no eran autoridades legítimas en sus comunidades, y la escalada de conflictos sociales alrededor de los recursos que traería la transición energética.
Cuando se habla de transparencia en el proceso de concertación para levantar un parque eólico en tierras Wayuu, un punto fundamental para las comunidades, las compañías han cometido algunos errores. “Desafortunadamente, las empresas fueron muy cerradas en publicar y en demostrar el trabajo que venían haciendo en el territorio”, reconoce Diego Patrón, gerente del proyecto Casa Eléctrica en AES Colombia. Además, tardaron en involucrar a otros actores que podrían facilitar su relacionamiento con las comunidades, como universidades y centros de investigación.
Pero no fue el único factor que afectó los primeros años de relación entre las compañías y los Wayuu, a juicio de Patrón. “Las empresas llegaron muy solas a La Guajira, un poco a ciegas. Y las comunidades también estaban muy solas, no había presencia institucional”, coincide Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa ANDI Más Guajira, una agremiación de empresas del sector minero-energético en esta región.
Todo esto tiene que ver con que, en un principio, “se entendió la transición energética enfocada únicamente en la mitigación del cambio climático y la reducción de emisiones contaminantes, pero no con un énfasis en el desarrollo local”, explica José Vega, del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés), una organización que ha trabajado por la inclusión de las comunidades en los proyectos eólicos de La Guajira.
Junto a la Universidad de La Guajira, este instituto creó un diplomado de transición energética justa para comunidades Wayuu. No solo para entender cómo funcionan los proyectos eólicos y el negocio de venta de energía, sino para conocer sobre los derechos de participación de las comunidades en el proceso de consulta previa y la concertación de compensaciones y beneficios por el uso de su territorio.
Además, elaboraron una herramienta con las comunidades para georreferenciar los proyectos, sus áreas de influencia, los lugares de importancia espiritual y cultural, y los puntos en los que se ubicará la infraestructura energética.
Las empresas —como AES Colombia o EDF, una multinacional con presencia en La Guajira— siguieron esta línea y empezaron a hacer talleres para que las comunidades conocieran los proyectos. “Algo que aprendimos en el camino es que todo esto hay que hacerlo en Wayunaiki y en su territorio, en presencia de toda la comunidad. Esa es la forma en la que se establece un diálogo con los Wayuu”, apunta Patrón, de AES.
A todo esto se sumó la presencia de entidades como el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Defensoría del Pueblo, en donde “ahora hay equipos especializados para apoyar el proceso de concertación”, agrega el gerente de proyecto de Casa Eléctrica.
Lewis Martínez, de la comunidad Casushi en Casa Eléctrica, asegura que este proceso les permitió formular un plan de vida acordado con todos los miembros de su clan familiar. Un plan de vida es un documento que establece las acciones de desarrollo local que se van a implementar durante los 25 años en los que funcionará el parque eólico. “Los temas primordiales para nosotros fueron el agua para la sequía, tener un centro de salud, invertir en educación y mejoramiento de vivienda”, cuenta. Además, acordaron utilizar parte de los recursos para hacer proyectos productivos con chivos, un animal clave en la economía de las familias guajiras.
La idea es que AES les entregue los recursos por medio de una fiducia que ya está funcionando. Según las estimaciones que compartió Diego Patrón con El Espectador, se trataría de entre el 30 % y el 35 % de las utilidades del proyecto y tienen tres componentes: uno fijo, que es el acuerdo que hicieron con las 19 comunidades de Casa Eléctrica por la ocupación de su territorio; y dos variables, que son las transferencias por la generación de energía y la mitad de los ingresos del proyecto por la venta de certificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono.
“Nosotros ya estamos administrando esos recursos y tenemos una mesa de concertación con las comunidades para definir cómo se invierten”, dice Martínez.
Un caso similar ocurre con la comunidad Samutpio, del proyecto Joüttalein, operado por la empresa EDF, según cuenta Elías Silva Jusayú, una de las autoridades de la comunidad. Sin embargo, a diferencia de Casa Eléctrica, este no tiene una fecha de inicio de construcción. Intentamos contactarnos con EDF para conocer los motivos detrás del retraso en el inicio de las obras, pero no obtuvimos respuesta.
¿Viento a favor para la transición energética?
Casa Eléctrica podría ser “la punta de lanza” de los proyectos de energía eólica en La Guajira, afirma Vega, del Instituto Ambiental de Estocolmo. “Hemos visto un cambio frente al panorama que teníamos hace unos años, cuando el ambiente era principalmente de desconfianza e inviabilidad. Pero tampoco quiero decir que todo es perfecto, que ya no hay ningún problema”, añade el investigador. Para él, será clave que todos los procesos que han iniciado en los últimos años, especialmente la presencia y colaboración entre entidades del Estado, se mantengan para que otros proyectos logren concertaciones con la participación de las comunidades, para poder iniciar su construcción.
Otro aspecto que han aprendido las empresas, señala Baquero, de la ANDI, “es que esta transición tiene que ser planificada, no es algo que se pueda dar de un día para otro”. Y en ese camino, destaca, todavía quedan varios retos por resolver, como que todas las empresas puedan entender a profundidad el sistema normativo Wayuu para adelantar las consultas previas, tener “reglas de juego claras” para hacer las concertaciones con las comunidades. Además, asegura que requieren “persistencia”.
Rodríguez, Silva y Martínez, miembros de las comunidades Irraipa, Samutpio y Casushi, son enfáticos en que la transparencia es uno de los puntos más importantes para los Wayuu cuando llega alguien a sus territorios. “No se pueden seguir desconociendo las normas Wayuu, siendo poco transparentes con los proyectos o generando división entre las comunidades”, resalta el antropólogo Guerra.
“Nos queda bastante por avanzar”, reconoce Baquero, “pero ya hay hechos que demuestran que, a pesar de los traspiés que han tenido estos proyectos, en el departamento se pueden recoger frutos”.
Las certezas que hoy da Casa Eléctrica, sin embargo, contrastan con otros proyectos como Alfa y Beta, los más grandes que se construirían en La Guajira. EDP Renovables, la empresa a cargo de estos parques eólicos, renunció a su construcción a finales de 2024 y desde entonces no ha habido noticias sobre qué ocurrirá con la infraestructura y los acuerdos que lograron con algunas de las comunidades. De momento, “estamos esperando”, dice uno de los habitantes del área de los proyectos, en medio de rumores sobre el interés de Ecopetrol en comprar estos parques, como hizo con Windpeshi, el proyecto al que renunció Enel. Mientras tanto, nadie da razón, pues no hay funcionarios de la empresa ni un lugar al cual acudir para preguntar.
Fuente: ElEspectador
