La falta de planificación generó una crisis que llevó a la importación de gas natural. Exministros alertan sobre el impacto de la política energética del Gobierno para el futuro del sector y la sostenibilidad del servicio.
Luz Murgas. Presidenta de Naturgas
“El problema de fondo es que no hay suficiente gas local en firme para cubrir las necesidades de contratación para atender la demanda de hogares, comercio, vehículos e industrias. En esa medida, con el ánimo de evitar un racionamiento y una interrupción en el servicio público de gas, se sumaron fuentes de gas importado a las fuentes locales y con ello, por supuesto, se ha generado un impacto en las tarifas, porque el gas importado es más costoso que el gas colombiano. Adicionalmente, hay que agregarle a la producción de ese gas importado otros costos como volverlo líquido para poderlo transportar, transportarlo por barcos hasta los puertos colombianos y cuando ya está en territorio nacional volver a regasificarlo para inyectarlo en el sistema de transporte por gaseoductos. En ese orden de ideas, necesitamos anticipar y acelerar la ejecución de los proyectos de exploración y producción del potencial del gas natural que tenemos en el mar Caribe y en áreas continentales, de manera que podamos recuperar la autosuficiencia y la soberanía energética y con ello mitigar el impacto en el bolsillo de los colombianos”.
Mauricio Cárdenas. Exministro de Hacienda
“Es imposible subsidiar el impacto que tendrá la importación de gas en los precios, ya que es significativamente más costosa que la producción nacional, lo que ejercerá una presión directa sobre las tarifas. Pensar que el Gobierno tiene la capacidad fiscal para evitar este aumento y asumir el costo es inviable, pues no existen los recursos para hacerlo. Esto derivará en un problema tanto de equidad como de competitividad. En términos de equidad, los hogares más pobres serán los más afectados, ya que el gas importado elevará sus gastos. En cuanto a la competitividad, el sector empresarial, y en particular la industria, enfrentará un alza en los costos de producción, lo que reducirá su capacidad de competir en los mercados internacionales y afectará el crecimiento económico del país. Es una muy mala situación que pudo haberse evitado si el país hubiera tomado las decisiones a tiempo, si no se hubiera adoptado una política equivocada de frenar las actividades de exploración y, especialmente, de no haberse detenido el programa de los pilotos de fracking, que habría sido muy útil para hacer hallazgos en materia de gas”.
Tomás González. Exministro de Minas y Energía
“Enfrentamos una situación inédita en los últimos 30 años: la falta de claridad sobre cómo abastecer la demanda de energía eléctrica y gas natural en los próximos años. Esto es el resultado de una política energética que ha puesto poca atención en garantizar la seguridad del suministro. El principal objetivo de la política energética debe ser asegurar que los ciudadanos y las empresas puedan acceder a estos servicios sin interrupciones. Sin embargo, esta garantía no está, lo que complica el funcionamiento de la economía, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. El problema de las tarifas refleja la escasez en el mercado. Para resolverlo estructuralmente es urgente aumentar la oferta de gas. Esto requiere acelerar proyectos offshore, reconsiderar el fracking y firmar contratos de exploración que puedan traer gas más rápido y a precios más competitivos. A corto plazo, es necesario flexibilizar los contratos de gas y explorar opciones para distribuir de manera más equitativa los costos entre consumidores. Es fundamental ser transparentes con la ciudadanía: el gas nacional es insuficiente, y resolver esta escasez será un proceso complejo y costoso”.
Amylkar Acosta. Exministro de Minas y Energía
“No veo cómo amortiguar este golpe, ya que el Gobierno está bastante retrasado con el pago a los subsidios a las empresas que prestan los servicios. Al 31 de diciembre de 2024, la deuda con estas empresas llegaba a los 628.000 millones de pesos, y con las que suministran gas licuado (GLP) la deuda es de 68.000 millones de pesos. Aunque el sector privado está haciendo todo lo posible, invirtiendo en mejorar la capacidad de regasificación y transporte de gas, las inversiones en exploración siguen paralizadas por la moratoria decretada por el Gobierno. Por distintas circunstancias no veo viable la regasificadora en el Pacífico. A corto plazo, lo más viable sería ampliar la planta SPEC, que ya aumentó su capacidad para importar gas, pero se espera que la demanda crezca, lo que obligará a otra ampliación. Otra opción sería instalar una planta bidireccional en La Guajira que permita regasificar el gas importado mientras lo necesitemos y, cuando Sirius sea comercial y tengamos excedentes para exportar, lo podamos licuar”.
