El país no firma un nuevo contrato de exploración y producción desde agosto de 2022, mientras las reservas apenas alcanzan para 7,4 años de petróleo y 5,9 de gas.
Colombia tiene una ventana de apenas tres años para evitar perder su autonomía energética. Así lo advirtió la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, durante la presentación del estudio “Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa”, elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor EU, y respaldado por el Comité Intergremial de Petróleo y Gas.
Según Luz Stella Murgas, el país llega a este momento con las reservas probadas en su punto más bajo en años, pues hoy alcanzan para apenas 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas. “El punto de quiebre definitivo está entre los años 2029 y 2032, porque las reservas probadas actuales llegarán a su límite hacia 2035, en cualquiera de los escenarios que hemos planteado. Esto nos va a obligar a importar cerca del 65 % del gas en 2035 y más del 90 % del petróleo hacia 2045. Y eso va a afectar la competitividad productiva y va a llevarnos a incumplir las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, afirmó.
El diagnóstico no es menor, pues el estudio revela que la producción de petróleo del país ya cayó 27,3 % desde 2015; la de gas, 31,8 %, y los pozos exploratorios se redujeron 65,6 % en la última década. A esto se suma que no se ha firmado un nuevo contrato de exploración y producción desde agosto de 2022, mientras que los bloqueos a la operación petrolera alcanzaron en 2024 su pico más alto en diez años, con 1.942 casos.
En ese contexto, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, puso sobre la mesa la magnitud de lo que está en juego para las finanzas públicas del país. Entre 2025 y 2050, el aporte fiscal del sector, que suma regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, podría alcanzar hasta $695 billones en el escenario de mayor producción, frente a apenas $162 billones si el país no logra reactivar la exploración; una diferencia de $533 billones.
“En el escenario en que se toman en conjunto las medidas de política pública para que este sector vuelva a hacer sísmica, a explorar y a producir, tendremos como país $695 billones adicionales que hoy no tenemos. Aquí debemos tener dos objetivos muy claros: recuperar nuestra soberanía y nuestra autonomía y seguridad energéticas, y poder prosperar como país, especialmente para financiar la transición hacia nuevas tecnologías y las políticas sociales que requieren de una chequera grande”, afirmó Pearl.
Esos recursos, según el estudio, resultan claves en un momento en que Colombia enfrenta un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB —6,7 % en 2024 y con una proyección del 7,1 % para 2025, según el Fondo Monetario Internacional (FMI)— que exigiría un ajuste fiscal permanente de unos $70 billones para estabilizar la deuda del país. El documento incluso calcula que, en el mejor escenario, esos ingresos adicionales podrían multiplicar hasta por ocho los recursos disponibles para financiar programas sociales, como la reducción de la pobreza monetaria, los subsidios de vivienda y la ampliación de la cobertura en salud.
Para los gremios, Colombia no tiene que escoger entre transición energética y desarrollo de hidrocarburos, pero sí debe decidir pronto. El estudio identifica una agenda de siete frentes de acción, entre ellos, reactivar los contratos de exploración y producción, agilizar los proyectos de gas natural y costa afuera, y avanzar con rigor técnico en yacimientos no convencionales que, de no ejecutarse en los próximos años, podrían representar una pérdida permanente de producción y de recursos para el país.
