Bajar ritmo de producción se traduce en suspensión parcial de algunos procesos y compromete recursos que hoy representan unos $ 3.000 millones diarios en regalías, impuestos y compras locales. Foto: EL TIEMPO
La compañía informó que desde este 1.° de julio redujo en 25% capacidad operativa tras disminución del suministro de gas por parte de Canacol Energy.
La crisis entre Cerro Matoso y Canacol Energy comenzó a sentirse de lleno en la operación de la principal productora de ferroníquel del país. La compañía anunció que desde este 1 de julio redujo en un 25 por ciento su capacidad operativa debido a la restricción en el suministro de gas natural impuesta por su proveedor, situación que, según advirtió, podría obligarla en los próximos días a detener una de sus dos líneas de producción si el recorte se mantiene o aumenta.
La empresa señaló que la reducción del suministro afecta el funcionamiento de su planta y tendrá repercusiones sobre el empleo, la contratación de bienes y servicios, así como sobre las regalías, los impuestos y las compras locales que genera su actividad.
La minera agregó que, de mantenerse el escenario actual, «la empresa se verá obligada en los próximos días a parar la operación de una de sus dos líneas», lo que significaría reducir a la mitad su producción.
Según directivas de Cerro Matoso, la disminución del ritmo de producción se traduce en la suspensión parcial de algunos procesos operativos y compromete recursos que hoy representan cerca de 3.000 millones de pesos diarios en regalías, impuestos y compras locales, ingresos que, según la empresa, benefician a miles de familias y contribuyen al desarrollo económico de Córdoba y del país.
La controversia se originó luego de que Canacol Energy solicitara ante la justicia canadiense la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas vigentes en Colombia, incluido el suscrito con Cerro Matoso, que tiene vigencia hasta 2029.
La semana pasada, una corte de Alberta avaló esa solicitud en primera instancia. Sin embargo, la minera recordó que esa decisión aún puede ser objeto de recursos judiciales en Canadá y anunció que acudirá a todas las herramientas legales disponibles para defender sus derechos y procurar la continuidad de la operación.
En ese contexto, la compañía también recordó que las decisiones adoptadas por la justicia canadiense no tienen aplicación automática en Colombia. Explicó que corresponderá a la Superintendencia de Sociedades determinar si una eventual terminación de esos contratos puede producir efectos en el país, evaluación que deberá considerar aspectos relacionados con la soberanía nacional, la seguridad energética y el ordenamiento jurídico colombiano.
Cerro Matoso sostuvo además que participó en los espacios de diálogo promovidos durante el proceso judicial en Canadá y presentó diferentes alternativas para alcanzar una solución negociada. No obstante, afirmó que las propuestas planteadas por Canacol incluían incrementos tarifarios que calificó de desproporcionados, condiciones contractuales que consideró inviables y la ausencia de compromisos firmes sobre los volúmenes de gas a suministrar, sin que finalmente se lograra un acuerdo entre las partes.
Ante este panorama, la empresa reiteró un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para evitar una eventual paralización de la operación.
«Reiteramos el llamado urgente a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía para que actúen de manera inmediata, garanticen el respeto del ordenamiento jurídico colombiano y adopten las medidas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores, contratistas, comunidades y de las más de 50.000 personas que se benefician directa e indirectamente de esta operación minero-industrial», señaló la compañía.
Por último, la compañía minera manifestó que mantiene su disposición para buscar una salida concertada al conflicto y reiteró que preservar el suministro de gas es fundamental para garantizar la continuidad de una operación que considera estratégica para el país y evitar consecuencias que calificó como irreparables para miles de familias que dependen de esta actividad económica.
