Promigás Foto: Cortesía
Esto se produce tras el agotamiento de las instancias de diálogo directo entre las partes.
Promigas, a través de su filial en Perú, ha formalizado el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano.
El litigio se tramitará ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una entidad vinculada al Grupo Banco Mundial.
El eje central de la disputa radica en las tarifas de distribución de gas natural establecidas por los organismos reguladores peruanos para las operaciones de la compañía en dicho país.
La firma de origen colombiano opera en territorio peruano mediante las concesiones Norte y Piura, las cuales son gestionadas bajo la marca comercial Quavii.
Según los datos reportados al cierre del ejercicio 2024, estas operaciones brindaban suministro a una base superior a los 343.000 usuarios, empleando para ello redes de distribución y comercialización del combustible.
El conflicto se desencadenó específicamente a raíz de una actualización en el esquema tarifario sancionada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El regulador peruano, encargado de fijar la metodología de remuneración para el transporte y distribución de gas, aprobó el 5 de marzo de 2025 las tarifas que deben regir durante el periodo comprendido entre 2025 y 2028.
Esta decisión afectó directamente a Gases del Pacífico S.A.C., filial de Promigas Perú y titular de la denominada Concesión Norte.
Desde que se inició el proceso administrativo, la empresa manifestó su oposición a los criterios adoptados por Osinergmin, argumentando que las cifras finales no guardaban coherencia con los análisis técnicos y jurídicos que la compañía había presentado durante las etapas de evaluación.
Promigas sostiene que la fijación de las tarifas máximas se realizó bajo criterios que la empresa califica como “arbitrarios, injustos, irracionales y discriminatorios”. Ante este escenario, la organización optó por invocar las cláusulas de protección contempladas en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones vigente entre los gobiernos de Colombia y Perú.
El paso al arbitraje internacional se produce tras el agotamiento de las instancias de diálogo directo entre las partes.
El historial de la controversia muestra que el 13 de febrero de 2025 se presentó el Requerimiento de Consultas y Negociación. Al no obtenerse una resolución satisfactoria en esa fase inicial, el 5 de noviembre de ese mismo año se radicó la Notificación de Intención de arbitraje.
Durante este tiempo, se mantuvo comunicación con el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) de Perú, aunque el proceso no derivó en un consenso que evitara la demanda ante el tribunal internacional.
La infraestructura de Gases del Pacífico, otorgada mediante resolución suprema en 2013, abarca la distribución en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca.
El marco normativo peruano permite que estos contratos de concesión se extiendan hasta por un plazo de 60 años, sumando las prórrogas permitidas.
En el caso específico de esta filial, el contrato inicial se pactó por un plazo de 21 años desde el cierre financiero, aunque precisiones posteriores del Ministerio de Energía y Minas ajustaron el periodo operativo a 19 años contados desde el inicio de la operación comercial.
A pesar del entorno de disputa legal, Promigas ha mantenido planes de inversión en su filial peruana. En julio de 2025, la junta directiva de la matriz autorizó una capitalización de US$18 millones para Gases del Pacífico con el fin de robustecer su plan de negocios.
Esta inyección de capital, que se hizo efectiva el 26 de agosto de 2025, incrementó el número de acciones de la subsidiaria de 816,1 millones a 987,9 millones.
Respecto a la composición accionaria de Promigas S.A. E.S.P., los registros indican que la entidad es controlada en un 32,87% por Corficolombiana, mientras que el Grupo Energía Bogotá posee una participación del 15,24%.
