Energía. Foto: iStock
La medición destacó avances en auditoría, cumplimiento y debida diligencia con proveedores y directivos.
Seis empresas colombianas de energía y gas obtuvieron un promedio de 93,6% en la Medición de Transparencia Empresarial 2026, elaborada por Transparencia por Colombia, resultado que las ubicó en un nivel óptimo frente a la prevención y control de riesgos de corrupción.
La evaluación incluyó a Caribemar de la Costa, conocida como Afinia; Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS); Grupo Energía Bogotá (GEB); Promigas; Transportadora de Gas Internacional (TGI), y XM, todas vinculadas con actividades estratégicas del sector energético nacional.
El estudio examinó políticas, procedimientos y mecanismos empresariales mediante cuatro componentes: Apertura, Control, Reglas Claras y Diálogo. Estos frentes permiten observar cómo las organizaciones publican información, gestionan riesgos, aplican controles y mantienen relaciones con ciudadanos, usuarios y otros grupos de interés.
Los resultados reflejan fortalezas en la divulgación de información financiera y contractual, las auditorías internas, los procesos de debida diligencia y el funcionamiento de los programas de cumplimiento. También muestran desafíos en protección al denunciante, capacitación y tiempos de respuesta.
Apertura lideró la medición de transparencia empresarial con el 98 %
Apertura fue la dimensión mejor calificada, con un promedio del 98%. Este componente analiza la disponibilidad, calidad y facilidad de acceso a la información que las empresas ofrecen a sus grupos de interés mediante canales, documentos y plataformas institucionales.
Transparencia por Colombia destacó los avances en la publicación de información financiera, datos sobre gestión contractual, documentos de gobierno corporativo y reportes de desempeño. La disponibilidad de estos contenidos facilita el seguimiento de las decisiones y operaciones de las compañías evaluadas.
Control obtuvo una calificación del 94,2%. En este componente, las empresas fortalecieron las auditorías internas destinadas a verificar la implementación y efectividad de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, conocidos como PTEE, y hacer el seguimiento de los planes de mejoramiento.
Estos procedimientos permiten observar el funcionamiento de los controles adoptados para prevenir posibles hechos de fraude o corrupción. La evaluación también consideró la capacidad de las compañías para detectar riesgos y revisar la aplicación de sus propias políticas de integridad.
Reglas Claras alcanzó un promedio del 92,6%. Esta categoría revisa políticas éticas, programas de cumplimiento y mecanismos diseñados para identificar y gestionar riesgos dentro de las empresas y en sus relaciones con proveedores, contratistas y demás actores vinculados.
Las seis compañías evidenciaron una mayor madurez en los procesos de debida diligencia aplicados a colaboradores, proveedores, contratistas y miembros de la alta dirección. Estas revisiones permiten conocer con quién se establecen relaciones comerciales e identificar señales de alerta oportunamente.
“Alcanzar un nivel de avance óptimo refleja un compromiso real con la transparencia, la prevención de riesgos de corrupción y la rendición de cuentas”, afirmó Karina Cruz, directora de la línea de Iniciativas Empresariales y Sector Privado de Transparencia por Colombia.
La protección al denunciante y el diálogo concentran los principales retos
El diálogo presentó el resultado más bajo entre las cuatro dimensiones, aunque se mantuvo en un nivel satisfactorio. Su calificación promedio fue del 86,7%, por debajo de los resultados obtenidos en Apertura, Control y Reglas Claras.
Este componente evalúa la manera en que las empresas se relacionan con ciudadanos, usuarios y otros grupos de interés. También considera los espacios de participación, los ejercicios de rendición de cuentas, los canales de atención y la oportunidad de las respuestas entregadas.
La medición reconoció avances en la implementación de canales visibles y accesibles, pero planteó la necesidad de ampliar la participación, fortalecer la comunicación con las comunidades y reducir los tiempos destinados a responder a las solicitudes de información recibidas.
Otro desafío consiste en reforzar los programas de formación sobre ética, transparencia, anticorrupción y derechos humanos. La recomendación comprende tanto a los trabajadores directos como a los contratistas, proveedores y otros terceros relacionados con las operaciones de las compañías.
La evaluación también señaló la necesidad de consolidar políticas integrales de protección al denunciante. Estos mecanismos deben ofrecer garantías frente a posibles represalias y permitir que los trabajadores, contratistas, proveedores o ciudadanos reporten irregularidades de forma confidencial y segura.
Cruz agregó que el reto consiste en fortalecer una cultura de integridad que supere el cumplimiento de las normas y se convierta en un principio transversal de la gestión. Esto supone incorporar la transparencia en las decisiones, relaciones y procedimientos empresariales.
La inteligencia artificial y la accesibilidad impulsan buenas prácticas
El informe resaltó prácticas concretas aplicadas por las seis empresas. Afinia fortaleció sus canales de atención mediante un chat en línea, videollamadas y un servicio de interpretación en lengua de señas colombiana para facilitar el acceso de personas con discapacidad auditiva.
CENS incorporó en su portal una herramienta que traduce contenidos a la lengua de señas colombiana. Grupo Energía Bogotá, por su parte, utilizó herramientas de inteligencia artificial para agilizar la consulta de políticas, documentos e información corporativa por parte de sus usuarios.
Promigas desarrolló un proceso estructurado para monitorear operaciones sospechosas, apoyado en herramientas tecnológicas y en el análisis de señales de alerta. El mecanismo fortalece la capacidad de identificar movimientos que puedan representar riesgos dentro de sus actividades.
TGI consolidó un modelo para gestionar sus relaciones con servidores públicos. Este incluye controles preventivos, administración de conflictos de interés y trazabilidad de las interacciones, como parte de la estrategia empresarial frente a los riesgos de corrupción y soborno.
XM fue reconocida por hacer el seguimiento de las solicitudes de información y evaluar la satisfacción de los usuarios. Estas prácticas están orientadas a mejorar la atención y verificar la experiencia de quienes acuden a los canales habilitados por la organización.
JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA
Periodista de Portafolio
Fuente: Portafolio
