La iniciativa permite una articulación técnica y social de las ESP y las autoridades
Con el objetivo de minimizar los fraudes en los servicios públicos, promover la cultura de la legalidad, para que los usuarios tengan servicios públicos de más calidad, Surtigas, Afinia y Aguas de Cartagena, en compañía de las autoridades firmaron un acuerdo interinstitucional.
La alianza contó con la presencia de los tres gerentes de la compañía, quienes desde hace 6 meses lideran esta iniciativa a la que vincularon a la fiscalía general de la Nación y la Policía Nacional, para trabajar en conjunto y combatir delitos que impactan negativamente la confiabilidad del servicio y ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.
La jornada incluyó la firma del documento oficial que sella este compromiso interinstitucional que estará acompañado de acciones operativas y de relacionamiento con los grupos de interés y las comunidades, para movilizar mensajes y acciones también relacionados con el uso eficiente de los servicios públicos esenciales para la vida de los ciudadanos y las personas que visitan la región.
Contar con servicios públicos de calidad tiene un alto impacto en la competitividad de las ciudades, genera confianza y da una imagen de progreso y seguridad por eso es tan importante que esta alianza se nutra paulatinamente con el apoyo de las administraciones y los líderes del territorio como validadores de esta iniciativa en la que el uso legal de la energía, el gas y el agua es un cambio positivo para Cartagena y Bolívar, afirmaron los anfitriones del evento.
Indicadores y acciones
El gerente general de Aguas de Cartagena John Montoya Cañas, informó que en las plantas de tratamiento se produjeron en el 2024 cerca de 100.000.000 m³ de agua potable para atender la demanda de toda la ciudad, de esa producción del orden del 22% no se pudo facturar, lo que representa una pérdida en el año de cerca de $60,000 millones de pesos anuales, sostuvo.
Recalcó que ese porcentaje de agua mencionado, no se factura debido a fraudes, manipulación de medidores, conexiones ilegales y otras actividades que realizan las organizaciones criminales que se encargan de promover que los usuarios realicen este tipo de actuaciones para disminuir su facturación. “Este es el trabajo arduo que tenemos que hacer nosotros”, precisó.
Para el caso de energía, Jhon Jairo Granada Giraldo, gerente de Afinia, explicó que a finales de 2024 y enero de 2025, se reportaron 31 incidentes de hurto, incluyendo 14 casos de robo de cable, 16 incidentes dentro de instalaciones y un caso de hurto de infraestructura. En total, más de 10.230 metros de cable han sido sustraídos, afectando la estabilidad del servicio de energía eléctrica.
En cuanto a la defraudación de energía, se estima que en 2024 las pérdidas ascendieron a 414 mil millones de pesos en el área de cobertura de Afinia, con el departamento de Bolívar registrando el indicador más alto (28,5%), y el sur del departamento con 48,39% de pérdidas. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y judicialización, concluyó Granada
Para el caso de gas, Santiago Mejía, Gerente General de Surtigas, afirmó “Desde Surtigas hacemos esfuerzos constantes por dar a conocer las medidas para el manejo seguro del gas natural y para que los usuarios se abstengan de manipular indebidamente las instalaciones y redes del gas natural; de esta manera podemos garantizar un servicio seguro, continuo y de calidad.”
Además, destacó que, por las características propias del gas natural, las campañas de la empresa en materia de fraudes están enfocadas en la seguridad y la vida de las personas.
Compromiso con la legalidad
Las empresas participantes reafirmaron su compromiso de esta alianza que permitirá una mejor coordinación con las autoridades, promoviendo acciones de seguridad, judicialización de delitos y sensibilización en la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios.
Sobre la normatividad vigente
El artículo 256 del Código Penal Colombiano establece sanciones severas para quienes incurran en la defraudación de fluidos, con penas de hasta 72 meses de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Unidos Cartagena avanza en la construcción de un sistema de servicios públicos más justo y seguro para todos sus habitantes.
