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La pobreza energética persiste en Colombia. Millones aún cocinan con combustibles contaminantes, una carga que recae con mayor peso sobre las mujeres rurales y que no solo afecta el medio ambiente sino también la salud humana.
A pesar de los avances en la cobertura del gas natural, más de 1,4 millones de hogares en Colombia aún cocinan con leña, según el informe publicado por Naturgas. Esta cifra equivale a cerca de 6 millones de personas, en su mayoría ubicadas en zonas rurales y periféricas, donde persisten condiciones críticas de exclusión energética.
Aunque en 2023 alrededor de 13 mil hogares dejaron de usar combustibles contaminantes, el ritmo de transición sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. El gas natural —actualmente el energético más usado para la cocción de alimentos en el país— tiene el potencial de llegar a estas poblaciones excluidas, reduciendo no solo las emisiones contaminantes, sino también las brechas sociales, territoriales y de género que se reflejan en el uso de leña para cocinar.
Importación de gas desde el extranjero: una estrategia cuestionada
Ante la caída de las reservas internas y la falta de nuevas fuentes de suministro, el Gobierno ha optado por importar gas.
Sin embargo, esta solución ha encarecido notablemente el servicio. De acuerdo con estimaciones del sector, el gas importado puede costar hasta 3 veces más que el nacional, según Fedesarrollo, lo que se traduce en un aumento sustancial de las tarifas para los hogares. En algunas ciudades, como Bogotá o Medellín, los recibos podrían subir entre 30% y 45%, haciendo que para miles de familias el acceso al gas resulte económicamente inviable.
El Gobierno Nacional ha sido blanco de críticas por su falta de acción en la expansión del servicio de gas natural, especialmente en las zonas rurales donde millones de personas aún cocinan con leña. En efecto, lejos de fortalecer la infraestructura local o priorizar una transición justa en el corto plazo para reducir la pobreza energética, el Ejecutivo ha manifestado su intención de importar gas de otros países.
En ese marco, inició conversaciones con Qatar para importar gas natural licuado (GNL) como alternativa a los precios elevados del mercado interno. Sin embargo, expertos y gremios energéticos han cuestionado esta opción por ser costosa, arriesgada y técnicamente complicada, dadas las limitaciones actuales de infraestructura en Colombia.
Además, desde diciembre de 2024 el país también comenzó a importar gas desde Estados Unidos y Trinidad y Tobago, especialmente para cubrir la demanda del segmento residencial, en respuesta a un déficit interno que podría alcanzar el 20% hacia 2026. Estas decisiones contrastan con los principios de autosuficiencia energética y han sido señaladas como incoherentes en un contexto donde los hogares más vulnerables siguen sin acceso a este servicio esencial.
La pobreza energética también refleja la desigualdad de género
En muchos hogares rurales de Colombia donde todavía se cocina con leña, las mujeres asumen la mayor parte del trabajo doméstico. Según Naturgas, ellas dedican en promedio 2 horas al día a tareas como recolectar leña y preparar alimentos, mientras que los hombres solo invierten 1 hora diaria.
Esta carga de trabajo impide que muchas mujeres puedan estudiar, trabajar o simplemente descansar. En total, pueden llegar a dedicar más de 15 horas a la semana solo a recolectar leña. Pero cuando un hogar tiene acceso a gas natural, casi nadie tiene que hacer esas tareas: solo el 0,1% de las personas sigue recolectando combustibles.
Afectaciones a la salud
Además del tiempo y del impacto medioambiental de la leña, está el problema de la salud. Las mujeres y los niños son quienes más sufren al respirar el humo de la leña, ya que pasan más tiempo en la cocina. Este humo provoca enfermedades respiratorias en el 85% o 90% de los casos.
Por su parte, cocinar con gas natural no solo es más limpio y rápido, sino que ayuda a reducir estas enfermedades y a cerrar las brechas de desigualdad que afectan especialmente a las mujeres en zonas rurales.
La crisis del gas en Colombia no solo revela una falla en la planeación energética, sino también una deuda social con millones de hogares excluidos del acceso a un servicio básico.
La falta de infraestructura, la apuesta costosa por la importación y la ausencia de una estrategia integral para llegar a las zonas rurales perpetúan una pobreza energética que tiene rostro de mujer. Superar esta crisis exige voluntad política para garantizar una transición justa, que priorice la equidad territorial y de género, y que reconozca el acceso al gas no como un lujo, sino como un derecho esencial para la dignidad y el bienestar.
Fuente: mascolombia
