Sirius entraría en operaciones en 2030. FOTO CORTESÍA.
El proyecto Sirius retrasa producción de gas a 2030, aumentando dependencia de importaciones y generando preocupación por la seguridad energética del país. Aquí los detalles
Hace unos días, Ecopetrol y Petrobras anunciaron con ‘bombos y platillos’ la formalización del esquema de comercialización conjunta para la venta temprana de la producción de gas del famoso campo Sirius, costa afuera en el Caribe colombiano. Y no es para menos, pues se trata de un proyecto de suma importancia para el país, que ya perdió su soberanía energética. La cuestión es que, en medio del creciente déficit de gas natural, la entrada de este proyecto ya se retrasó un año. Los analistas temen que se pueda demorar aún más ante el cumplimiento de más de 120 consultas previas.
Para entender el meollo, Colombia atraviesa un déficit crítico de gas natural que amenaza con depender cada vez más de las importaciones.
LA NUEVA Y CALAMITOSA FECHA QUE SE ANUNCIA PARA SIRIUS
————/Una pésima noticia para la seguridad energética ( gas natural) traen hoy los medios ( el tiempo, pág 1.8)
En 2024 perdimos la autosuficiencia energética: la producción nacional dejó de ser suficiente para atender el…— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) November 3, 2025
Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía, calificó la noticia como pésima. Argumentó que ese proyecto es la esperanza del país. “Una de las peores herencias que dejará el gobierno Petro es haberle quitado al país, culposamente, la autosuficiencia en gas natural. Ahora dependemos de más y más importaciones, más y más caras, para atender la demanda industrial y la de los hogares”, señaló.
Las largas listas de consultas para Sirius
Para calmar las turbias aguas, Ecopetrol indicó que “los socios están haciendo su mejor gestión para tener la primera producción de gas de Sirius en 2030, condicionado a la obtención de las licencias y permisos requeridos por las autoridades competentes y al cumplimiento de los hitos de aprobación del proyecto de desarrollo”.
El problema es que la lista que debe cumplirse con las comunidades es bastante extensa. El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, explicó a EL COLOMBIANO que ya son 122 consultas previas con comunidades, un requisito legal que aún no se ha finalizado y que podría extenderse en los próximos meses.
Para contexto, este trámite busca garantizar los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes ante proyectos que puedan afectar sus territorios, recursos naturales o formas de vida. Están reguladas por la Constitución, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, y obligan a las empresas o al Estado a informar, dialogar y alcanzar acuerdos con las comunidades sobre los impactos y beneficios de cualquier proyecto, como los de explotación de gas y petróleo.
