Foto: Freepik
Las principales asociaciones del sector energético enviaron una carta conjunta al ministro de Minas, Edwin Palma, y al Congreso, advirtiendo que el proyecto de ley 432 de 2025 no reducirá tarifas ni garantizará abastecimiento. El Gobierno respondió que el debate se dará en el Congreso y anunció mensaje de urgencia para su trámite.
El sector energético encendió las alarmas frente al proyecto de ley 432 de 2025, conocido como “Regulación Justa”, impulsado por el Ministerio de Minas y Energía.
Quince gremios —entre ellos Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP, Andi y Asoenergía— firmaron una carta conjunta en la que advierten que la iniciativa, tal como está redactada, no reducirá las tarifas de energía y gas y, por el contrario, podría aumentarlas y poner en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Según el documento, el texto final que el Ministerio radicó ante la Cámara de Representantes “no aborda estos problemas estructurales”, como la falta de nuevas inversiones y los retrasos en la infraestructura de generación y transmisión.
“En los últimos cinco años, y según información oficial emanada del operador del mercado de energía mayorista, ha entrado en operación menos del 30% de la generación comprometida, y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos”, advierten los gremios, citando cifras de XM.
Es decir, sin expansión oportuna de la oferta, el país podría enfrentar escasez y tarifas más altas en el mediano plazo. Los firmantes también alertan sobre los efectos retroactivos y la incertidumbre jurídica que podría generar el proyecto en materia regulatoria, lo que, según ellos, desincentiva la inversión privada en un momento en que el país necesita ampliar su capacidad instalada.
El ministro de Minas, Edwin Palma Egea, respondió públicamente a la misiva a través de su cuenta en X. En un mensaje directo, señaló que “el Congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto”, y acusó a los gremios de llevar años estudiando lo mismo sin presentar propuestas concretas.
“Ahora piden un estudio que dure seis meses y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, no han presentado una sola, ni para un tema por sencillo que parezca. La carta no dice nada nuevo”, escribió Palma, anunciando además que pedirá al Ministerio del Interior un mensaje de urgencia para acelerar la discusión de la iniciativa.
El congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto.
Ahora piden un estudio que dure 6 meses y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas, no han presentado una sola, ni para un tema por sencillo que parezca.… https://t.co/vBnEtE4CNn
— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) November 6, 2025
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó su postura y confirmó que ya se proyecta la comunicación del mensaje de urgencia e insistencia para que el Congreso priorice el proyecto.
.@PalmaEdwin Sí señor, ya mismo proyectamos la comunicación del mensaje de urgencia e insistencia. https://t.co/W7mVAC6nCH
— Armando Benedetti (@AABenedetti) November 6, 2025
¿Qué proponen los gremios en la carta?
El comunicado intergremial plantea cinco acciones urgentes que, a su juicio, no requieren una nueva ley, sino decisiones inmediatas del Gobierno:
- Pagar los subsidios pendientes a usuarios vulnerables de energía y gas, cuya deuda asciende a COP 2,8 billones.
- Cumplir la promesa presidencial de asumir los saldos de la opción tarifaria.
- Definir el modelo de operación de Air-e en la Costa Caribe y saldar sus deudas con otros agentes del sistema.
- Realizar estudios técnicos independientes sobre las reformas, con un plazo mayor al previsto por el proyecto.
- Destrabar proyectos de infraestructura y garantizar seguridad jurídica para asegurar el abastecimiento energético.
El sector insiste en que comparte los objetivos sociales del Gobierno (mejorar el acceso y aliviar las tarifas), pero subraya que deben alcanzarse con “evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional”, sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas, sean públicas o privadas.
El pulso entre el Gobierno y los gremios energéticos va más allá de la semántica de una “regulación justa”. En el centro están dos visiones opuestas sobre cómo equilibrar justicia tarifaria y sostenibilidad técnica.
Mientras el Ejecutivo busca intervenir más activamente en el mercado para democratizar el acceso a la energía, el sector privado teme que un cambio abrupto en las reglas desmonte la confianza construida durante tres décadas de apertura energética.
“Muy por el contrario, y bajo la redacción actual, produce incertidumbre y desconfianza en la estabilidad de las reglas en un momento en que el país necesita decisiones contundentes de inversión para superar el riesgo de una posible falta de energía a futuro”, señala la misiva gremial.
Fuente: El Espectador
