Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen; Camilo Sánchez, de Andesco; José Camilo Manzur, de Asocodis; Alexandra Hernández, de SER Colombia, y Alejandro Castañeda, de Andeg.
En una carta al MinEnergía, 14 gremios del sector advirtieron que la iniciativa podría elevar los costos del servicio y debilitar la seguridad jurídica en momentos críticos para el abastecimiento energético del país.
Las principales agremiaciones del sector energético colombiano —entre ellas Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, ACP y Asoenergía— enviaron una carta conjunta al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en la que expresan serias preocupaciones sobre el Proyecto de Ley 432 de 2025, conocido como de “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”.
Los gremios advierten que varias de las disposiciones del proyecto no conducen a una reducción tarifaria, sino que, por el contrario, podrían aumentar las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio.
Según el documento, la iniciativa omite abordar los problemas estructurales del sistema y genera incertidumbre sobre las reglas de expansión y confiabilidad del suministro eléctrico.
“El país enfrenta un riesgo real de insuficiencia de oferta energética y gasífera”, advierten los firmantes, señalando que en los últimos cinco años menos del 30% de la generación comprometida ha entrado en operación y más del 50% de los proyectos de transmisión están retrasados.
En lugar de tramitar el proyecto en su redacción actual, los gremios proponen focalizar los esfuerzos en medidas inmediatas: garantizar los recursos para subsidios atrasados por $2,8 billones, definir el esquema de prestación del servicio de Air-e en la Costa Caribe, asumir los saldos de la opción tarifaria prometidos por el Gobierno y destrabar proyectos de inversión energética.
Los firmantes insisten en que la reducción tarifaria solo puede lograrse mediante decisiones técnicas y sostenibles, con diálogo institucional y reglas estables que permitan mantener la confianza inversionista y la seguridad energética del país.
Fuente: Forbes
