Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, alertó que el país enfrenta riesgos en su seguridad energética por la crisis de Canacol, las deudas del Gobierno con el sector eléctrico, que ascienden a $9,2 billones, y los retrasos en infraestructura, pues la planta de SPEC, única terminal de regasificación, no tendría capacidad para cubrir toda la demanda durante El Niño.
Colombia enfrenta uno de sus momentos más desafiantes en su seguridad energética, en medio del aumento de las importaciones de gas, que ya cubren el 25% del consumo; la incertidumbre sobre la cancelación de los contratos de Canacol Energy, que comprometerían el 7,5% del abastecimiento nacional, y la necesidad de contar con más infraestructura para responder al nuevo fenómeno de El Niño.
El panorama se complica aún más por los retrasos en proyectos estratégicos y la difícil situación financiera que atraviesan los sectores de energía y gas, debido a las deudas del Gobierno Nacional, que ya ascienden a $9,2 billones. Esta situación podría afectar la capacidad de generación térmica del país y aumentar la presión sobre las tarifas de energía para hogares e industrias.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), aseguró que, frente a las dificultades que enfrenta Canacol, existen alternativas distintas a la terminación de contratos, como acuerdos empresariales, mecanismos entre las partes o incluso la entrada de inversionistas que permitan mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la continuidad del servicio ni la confianza en el sistema energético.
La dirigente gremial también advirtió que el país debe prepararse desde ahora para enfrentar el fenómeno de El Niño, que podría convertirse en uno de los principales retos energéticos desde el próximo semestre del año. Recordó que durante el último episodio climático cerca del 30% de la energía consumida en Colombia fue respaldada con generación térmica a gas, de la cual dos terceras partes provinieron de gas importado.
Frente a ese escenario, Murgas planteó tres prioridades urgentes: fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía junto con un manejo adecuado de los embalses; resolver las millonarias deudas que enfrenta el sector eléctrico para garantizar liquidez a las térmicas; y acelerar las autorizaciones y licencias necesarias para nuevas plantas de regasificación que permitan importar mayores volúmenes de gas desde 2027.
El gas natural recorre miles de kilómetros antes de llegar a tu hogar. 🏠🐾
En Colombia, más de 7.700 km de gasoductos de transporte permiten mover diariamente 1.000 millones de pies cúbicos de gas, mientras que 89.000 km de redes de distribución lo llevan a ciudades y… pic.twitter.com/gbSUsZRFdn
— Naturgas (@NaturgasCol) May 12, 2026
Asimismo, insistió en que el próximo gobierno deberá tratar al gas natural como un asunto de interés nacional, no solo para garantizar el suministro energético, sino también para respaldar la transición energética y reducir la pobreza en el país.
¿Cuáles serían las principales consecuencias para el abastecimiento de gas si se aprueba la terminación de los contratos de Canacol en Colombia?
“Está pendiente la audiencia en Canadá que definirá si se autoriza la terminación anticipada de los contratos de Canacol en Colombia, en el marco de su proceso de insolvencia. Inicialmente, esta audiencia estaba programada para el 7 de mayo, pero la compañía solicitó un aplazamiento mientras intentaba modificar de mutuo acuerdo esos contratos con sus clientes.
Vemos con preocupación una eventual terminación anticipada porque no se trata de un asunto empresarial aislado. Está en juego cerca del 7,5% del abastecimiento nacional de gas natural, lo que podría poner en riesgo la continuidad del servicio que hoy consumen cerca de 36 millones de colombianos”.
¿Existen alternativas diferentes a la terminación de contratos? ¿Qué mecanismos podrían explorarse para mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas en el país?
“Consideramos que existen caminos distintos a la terminación de contratos, como mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes o incluso el interés de inversionistas que permitan mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio ni la confianza en el sistema.
Además, aunque esa facultad pudiera otorgarse, la Superintendencia de Sociedades en Colombia tiene la potestad de acoger o no esa decisión en virtud del régimen de insolvencia empresarial transfronterizo. Allí deberá evaluar si existen afectaciones al orden público, especialmente tratándose de un servicio público esencial como el gas natural. La Ley 142 establece que estos servicios tienen una relación directa con el orden público porque impactan la vida cotidiana de millones de colombianos. Esperamos que se evalúen los impactos económicos y sociales para preservar la continuidad del servicio”.
¿Cuáles son las principales medidas que se deben adoptar ante un nuevo fenómeno de El Niño?
“Hay tres frentes fundamentales que se deben gestionar. El primero es el riesgo climático. Esto implica medidas de ahorro de energía y agua, pero especialmente el control de los embalses durante la ventana de verano, que va de diciembre hasta marzo.
El segundo es el riesgo financiero. El sector energético enfrenta deudas que pueden comprometer su operación (deudas del Gobierno ascenderían a $9,2 billones). Está, por ejemplo, la deuda de Air-e con el sistema, que supera los $2 billones, además de los subsidios que los comercializadores de energía han otorgado a los usuarios y las obligaciones pendientes del sector oficial. Todo esto, claramente, va a restringir los recursos financieros que necesitarán las térmicas para acceder al gas natural requerido durante el fenómeno de El Niño. Si esos recursos no se reciben oportunamente, las térmicas no tendrán la liquidez suficiente para comprar el combustible necesario y garantizar la generación de energía durante este fenómeno climático.
