Buque petrolero en Barcelona (Venezuela), el 29 de enero.
MIRAFLORES PALACE (via REUTERS)
La tutela estadounidense en el país facilita la llegada de grandes capitales al negocio petrolero y rompe con años de aislamiento y sanciones internacionales
El Gobierno de Venezuela ha anunciado durante las últimas dos semanas importantes acuerdos de inversión con empresas multinacionales para impulsar su producción de petróleo y gas. Los compromisos firmados, que tienden a revertir años de aislamiento, han generado un pequeño festejo en el chavismo en el poder, necesitado de recursos para atender una grave crisis inflacionaria y de producción.
Los anuncios recién formalizados por British Petróleum, Shell o Slumberger llevan meses cocinándose y se concretan cobijados en el marco de la tutela estadounidense en el país, vigente desde el pasado 3 de enero, cuando el expresidente Nicolás Maduro fue capturado por soldados estadounidenses en Caracas.
Las multinacionales Shell, Bristish Petróleum, y las firmas XRG, de los Emiratos Arabes Unidos, y UCC Holgding, de Catar, han acordado un cronograma de trabajo con el Gobierno de Delcy Rodríguez para explotar los campos gasíferos “costa afuera” del Loran, ubicado en la Plataforma Deltana, en el oriente venezolano. Se trata de un gran reservóreo de gas en la fronter marítima con la isla Trinidad que tenía planes de inversiones millonarias y había quedado aparcado por la crisis del sector en Venezuela.
La primera fase de explotación fue otorgada a Shell en junio del año pasado. En la fase 2 del bloque entra el consorcio formado por BP y las empresas emiratíes y cataríes. El objetivo de toda esta operación, afirman fuentes cercanas al Gobierno venezolano, es comenzar a exportar gas a Europa.
Aunque tiene las reservas más grandes de América Latina, Venezuela es un productor mediano de gas, el sexto en la región (detrás de Argentina, Trinidad, Brasil, Bolivia, y México), con unos 31 millones de metros cúbicos al año. Parte de esa producción es gas asociado de la extracción de petróleo.
Los proyectos más ambiciosos de expansión en la producción de gas se volvieron letra muerta durante el Gobierno de Hugo Chávez y su ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, entre el despilfarro y la corrupción. La producción venezolana actual de gas representa solo un 10% del total regional.
En materia petrolera, se anunciaron Contratos de Participación Productiva con las corporaciones estadounidenses Hunt Oil y Crossover, y una alianza marco con el consorcio estadounidense-francés Slumberger, contratista que además adelanta estudios integrados de pozos petroleros. Existe un memorándum de entendimiento y algunas fuentes calculas las inversiones futuras de estas operaciones en 2.000 millones de dólares.
La llegada de estas empresas rompe con un estático panorama en materia de inversión extranjera en petróleo y gas en el país en tiempos de Nicolás Maduro. Un contexto que estuvo dominado casi exclusivamente por la presencia de Chevron, la española Repsol y la italiana Eni luchando por la obtención de alguna licencia adicional para mantener operaciones.
“Venezuela no solo muestra al mundo sus cuantiosas reservas de petróleo y gas, sino también los mecanismos contractuales que permiten convertir esas reservas en barriles de superficie”, expresó Paula Henao, ministra de Hidrocarburos, quién cerraba en Houston el foro Empowering Venezuela en un encuentro frente a la Asociación Estadounidense de Geólogos Petroleros. La presencia de un funcionario de la revolución bolivariana en un evento para calibrar inversiones petroleras para Venezuela en Houston constituía un episodio completamente inconcebible antes del 3 de enero de 2026.
“Lo verdaderamente importante en materia de inversiones internacionales está ocurriendo en el gas”, matiza Francisco Monaldi, economista especializado en petróleo y analista financiero. “Sin dudas que es una buena noticia. Algunos son acuerdos negociados hace años ya con Shell. En Trinidad hay un campo gasífero al otro lado de la frontera —Manatí, que es el mismo campo—; ellos han desarrollado las cadenas productivas para sus proyectos petroquímicos. Shell tiene tiempo trabajando con Trinidad. El negocio con Venezuela sería muy atractivo, porque queda amparado por la Ley de Gas, que tiene regalías más bajas y estimula la inversión privada, y porque del lado venezolano no hay que hacer mayores inversiones, hay capacidad instalada. Todo el gas se va a monetizar vía Trinidad”.
Monaldi ve más opaco el panorama petrolero: las empresas no han migrado por completo al nuevo marco legal, “hay muchas indefiniciones y se han firmado contratos operativos poco claros, que dejan una enorme discrecionalidad al estado. PDVSA ha negociado contratos detalladamente con empresas privadas. El CPPH (contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos) de Hunt Oil y Crossover es el primero que se firma con la nueva ley.”
Alejandro Grisanti, socio director de la firma Ecoanalítica y asesor financiero internacional, afirma que el sector petrolero nacional tendrá una participación en las tasas de crecimiento futuras del país, pero advierte que todavía no es demasiado alta. “De lo que no hay dudas es que la inversión petrolera y gasífera internacional se ha reactivado en Venezuela. Se está canalizando a aquellos pozos que puedan obtener un máximo de incremento de producción con una inversión pequeña. Yacimientos que habían quedado inactivos.”
Grisanti dice que en el mediano plazo serán necesarias inversiones mucho más profundas para expandir la producción de petróleo y regresarla a sus antiguos niveles, pero piensa que el desarrollo de las circunstancias políticas acelerará estos procesos. Grisanti calcula un crecimiento de 5 puntos del PIB para 2026 (a pesar del terremoto), y tasas positivas de dos dígitos desde 2027 en adelante, por unos años. “Prevemos un crecimiento de 200.000 barriles diarios cada año para el país con este ritmo”, agrega. Venezuela produce en este momento poco más de 1,2 millones de barriles diarios de petróleo, lejos de los tres millones de los buenos tiempos.
Grisanti —quién avizora la llegada de capitales en poco tiempo— condiciona mucho las tasas de recuperación a la posibilidad de que se concrete finalmente una transición hacia la democracia, con elecciones libres. “Si no hay transición, la producción petrolera local tendrá un techo de 2,5 millones de barriles diarios en unos años. Pero si el cambio político se logra, se puede llegar hasta los cuatro millones de barriles diarios en no mucho tiempo.”
El capital venezolano, despojado
Mientras se concretan estos acuerdos, una empresa de capital nacional, Delta Finance, propiedad de Oswaldo Cisneros —socio con 40% de acciones de la empresa mixta PetroDelta— denunció que le han “despojado de sus activos y le han revocado sus derechos a ejercer actividades de explotación de actividades petroleras primarias mediante un procedimiento sancionatorio”. La empresa de Cisneros se queja de que su participación en los campos petrolíferos de Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto, en el oriente del país, con derechos de uso hasta 2042, “han sido otorgados ahora a la empresa Pacific Coast Energy Company”.
Pacific Coast Energy Company es una compañía estadounidense desconocida en el contexto local, cuyo CEO es el ejecutivo Klaus Hasbro. Uno de los intermediarios de su desembarco en el país es Alejandro Betancourt, antiguo miembro de la Junta Directiva de la empresa. Betancourt —un controvertido empresario venezolano con acusaciones de corrupción en gestiones con Petróleos de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional— tiene línea directa con Washington y Caracas, y trabaja con el chavismo para reconfigurar sus relaciones energéticas internacionales.
El Estado venezolano argumenta que PetroDelta ha incumplido con sus obligaciones en materia de exploración e infraestructura, algo que la compañía niega y afirma estar dispuesta a demostrar.
Fuente: elPais
