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Las devoluciones a los usuarios comenzarán en junio próximo y se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Promotora de Gases del Sur (Progasur) suscribieron formalmente un Programa de Gestión Acordado (PGA).
Esta medida de control regulatorio tiene como propósito corregir las tarifas aplicadas al transporte de gas natural y proteger los derechos económicos de los usuarios finales.
El acuerdo técnico e institucional rige de manera inmediata en el territorio nacional y busca subsanar los cobros superiores que la empresa transportadora venía efectuando desde 2023.
A partir de la firma del documento, Progasur aplicará de forma obligatoria la tasa de descuento regulada del 10,94 por ciento, corrigiendo el porcentaje superior cobrado de manera previa.
El programa de gestión establece detalladamente la devolución de un monto total de 8.796 millones de pesos, cifra que corresponde a las diferencias financieras acumuladas en la facturación del servicio entre el 1.° de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026.
Los desembolsos y abonos correspondientes a los saldos a favor de los ciudadanos iniciarán en el mes de junio de 2026.
Según el cronograma técnico pactado entre la entidad de control y la empresa, la totalidad de los recursos económicos pendientes deberá ser trasladada y reembolsada a los usuarios antes del 31 de diciembre de 2026.
La corrección de las tarifas y la posterior devolución de los recursos financieros beneficiará a más de 2,6 millones de usuarios residenciales y comerciales.
La población impactada por esta medida regulatoria se localiza en las redes de cobertura que abarcan 11 departamentos del país:
- Antioquia
- Boyacá
- Caldas
- Caquetá
- Cauca
- Cundinamarca
- Huila
- Nariño
- Tolima
- Valle del Cauca
- Norte de Santander
Para ejecutar la medida, Progasur notificará formalmente a las empresas distribuidoras locales de gas natural con el fin de que estas trasladen de forma efectiva e inmediata los saldos correspondientes a las facturas de cobro de los usuarios finales.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercerá las funciones de auditoría y vigilancia del proceso para comprobar el cumplimiento estricto del traslado de los dineros a la ciudadanía.
Fuente: ElTiempo
