El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentó su Reporte de Economía y Desarrollo ‘Energías Renovadas: una transición energética justa y sostenible’, donde se señala que América Latina y el Caribe contribuyen un 11% en las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los países desarrollados un 45%.
De forma desagregada, el sector agropecuario, la silvicultura y otros usos de tierra representaron en el 2019 el 65% de las emisiones que generó América Latina y el Caribe, el porcentaje restante proviene del consumo de energía fósil. A nivel global, el principal emisor con un 80% son el consumo de energía fósil.
Además, el reporte señala que esta región tiene el compromiso de reducir en 10,8% sus emisiones para el 2030 frente a los niveles de 2020.
En ese sentido, Fernando Álvarez, economista senior de la Dirección de Investigación Socioeconómica de la CAF, comentó en una presentación a periodistas de distintos medios regionales, incluyendo El Comercio, que se necesita hacer una “nueva transición energética” con la perspectiva de la región.
Esto significa partir de la realidad regional, tomando en cuenta los niveles de crecimiento económico menores a los de países desarrollados, las tasas de pobreza y de brecha energética.
Por ello, una opción que tienen los países de la región es el gas natural, CAF indica en el documento. Si bien este es un combustible fósil, tiene una menor cantidad de emisiones frente a otros recursos como el petróleo y el carbón.
Es así que el Banco de Desarrollo estima que las emisiones en América Latina y el Caribe podrían disminuir en 6,5% si el 50% del uso del carbón y del petróleo son sustituidos por gas natural, dentro del marco de compromisos de la región para el 2030. Esto también representaría el 65% de los compromisos que se tiene en la región para ese año.
Esta perspectiva latinoamericana también contempla que haya un desacople en la relación de crecimiento económico y de emisiones, indica Álvarez. Esto significa buscar reducir estas emisiones pero apuntar a que aumente el producto bruto interno de forma “vigoroza”.
El reporte también contempla acciones como elevar la tasa de electrificación y la participación de energías renovables no convencionales.
El 57% de la generación eléctrica en la región es producida por fuentes de energías renovables y un 11% las renovables no convencionales. Además, el 80% de las energías no combustibles que se generan provienen de recursos hídricos.
Otras alternativas son el mejoramiento en la eficiencia y funcionamiento de los sistemas de energía, tratando las pérdidas que se generan en la producción de combustibles, en la generación eléctrica con combustibles, en el autoconsumo, transporte y distribución de la electricidad.
Asimismo, para el uso de energías renovables no convencionales en el suministro eléctrico también se debe tomar en cuenta el hecho de que se tiene que garantizar la continuidad de este suministro. Por ello, requieren de servicios eléctricos auxiliares, sostiene el reporte, como fuentes de almacenamiento.
No obstante, CAF sostiene que aún se podría requerir el mantenimiento de generación eléctrica que se puede despachar en cualquier momento, siendo esta basada en combustibles fósiles. A largo plazo esto podría significar que hayan tecnologías de captura de carbono (el almacenamiento de carbono generado por el consumo de los combustibles fósiles y antes de que ser emitido al exterior).
Además, el Reporte de Economía y Desarrollo apunta a que hayan políticas transversales relacionadas con el financiamiento verde, la economía circular, el mercado y el impuesto al carbono, y las tecnologías de captura y uso de carbono.
Álvarez agregó que CAF tiene en mente que el 40% de su cartera de proyectos a las iniciativas verdes, en su objetivo al 2026.