Hablar de energía hoy es hablar de algo más que mercados, infraestructura o precios internacionales. Es hablar de estabilidad, bienestar y de la capacidad de un país para proteger a su gente frente a crisis que ocurren a miles de kilómetros de distancia.
A más de 12.000 kilómetros de Colombia, el estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del gas natural licuado que se comercializa en el mundo. Cada tensión geopolítica en esta zona genera un efecto inmediato sobre los mercados energéticos internacionales. No es un fenómeno nuevo. Durante la crisis entre Rusia y Ucrania, el precio del gas pasó de cerca de 12 dólares a picos de 100 dólares por millón de BTU. En otros episodios recientes, los mercados reaccionaron con incrementos de hasta el 50% en cuestión de días.
A simple vista, estos hechos podrían parecer lejanos para una familia colombiana. Sin embargo, la realidad es distinta. Las tensiones globales terminan impactando el costo de vida, la competitividad de las industrias y la estabilidad de millones de hogares. La geopolítica también llega a la cocina, al transporte y a los pequeños negocios.
Por eso, hablar de seguridad energética no es hablar únicamente de técnica o regulación. Es hablar de protección.
En América Latina, donde millones de personas todavía enfrentan dificultades para acceder a energía limpia y asequible, garantizar un suministro confiable significa proteger la calidad de vida. Significa asegurar que las familias puedan cocinar de manera segura, que los trabajadores puedan movilizarse a costos razonables y que miles de pequeños negocios sigan funcionando sin que el precio de la energía comprometa su sostenibilidad.
La seguridad energética deja entonces de verse como un concepto lejano y se convierte en una herramienta para sostener el desarrollo social y económico de los países.
En ese contexto, Colombia enfrenta un reto que exige pragmatismo. La experiencia internacional ha demostrado que depender de una sola fuente de suministro aumenta la vulnerabilidad frente a choques externos. Por eso, el país necesita avanzar hacia una estrategia equilibrada, capaz de combinar producción local, infraestructura e integración de distintas fuentes de abastecimiento.
La producción nacional cumple un papel fundamental porque funciona como un ancla de estabilidad. Permite reducir la exposición a la volatilidad internacional y brinda mayor control sobre el suministro. Sin embargo, en escenarios de alta demanda o fenómenos climáticos como El Niño, también se requiere flexibilidad para responder de manera oportuna.
Ahí es donde la infraestructura de importación adquiere relevancia estratégica. Las plantas de regasificación y las capacidades logísticas permiten complementar el sistema cuando es necesario y evitar interrupciones que afectarían directamente a hogares, comercios e industrias.
No se trata de escoger entre producir o importar. Se trata de construir una canasta diversificada que garantice confiabilidad y estabilidad para el país.
Tal como lo ha explicado Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, “la producción local es nuestra ancla de estabilidad, mientras que la infraestructura de importación es el salvavidas que otorga flexibilidad al sistema”.
Entender este equilibrio es clave para desideologizar el debate energético y enfocarlo en lo verdaderamente importante: proteger a los usuarios y garantizar condiciones de competitividad para Colombia.
Pero la seguridad energética no solo se refleja en indicadores técnicos o en la estabilidad de los mercados. También se traduce en beneficios concretos para millones de personas.
En movilidad, por ejemplo, el gas natural vehicular representa una alternativa eficiente para reducir costos diarios. Un taxista puede ahorrar hasta 405 dólares ($1.492.493 COP) al mes al utilizar gas natural. Esto no es una cifra menor. Es dinero que puede destinarse a alimentación, educación, salud o bienestar familiar.
En los pequeños negocios de comida ocurre algo similar. Para muchos restaurantes de barrio, panaderías y emprendimientos gastronómicos, los costos energéticos son determinantes para mantenerse operando. El uso de gas natural puede reducir hasta en un 47% los costos operativos, permitiendo proteger empleos, sostener precios competitivos y fortalecer la economía popular.
La energía, en este nivel, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una variable que define si un negocio puede crecer o incluso sobrevivir.
El impacto también se extiende a la salud pública. En América Latina, el 34% de los hogares todavía cocina con leña o carbón, una situación que incrementa la contaminación dentro de las viviendas y afecta especialmente a mujeres, niños y adultos mayores.
El uso de gas natural permite reducir hasta en un 99% las emisiones de material particulado fino, mejorando la calidad del aire y disminuyendo riesgos respiratorios. En este contexto, hablar de acceso a energía más limpia es también hablar de salud, bienestar y calidad de vida.
Todo esto ocurre en un entorno global marcado por la incertidumbre. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados energéticos y los cambios en las dinámicas de comercio internacional están redefiniendo las prioridades de los países.
La experiencia reciente ha dejado una lección clave: Las naciones que fortalecen su producción local desarrollan infraestructura y diversifican sus fuentes de abastecimiento logran mayor resiliencia frente a las crisis externas.
Para Colombia, esto implica avanzar con una visión de largo plazo que permita fortalecer la seguridad energética sin perder competitividad ni frenar la transición energética.
Porque la transición no puede construirse desconectada de la realidad social. En una región donde aún existen brechas importantes en acceso a energía, el desafío no consiste solamente en reducir emisiones. También implica garantizar que las personas puedan acceder a fuentes confiables, asequibles y sostenibles.
En ese escenario, el gas natural cumple un papel estratégico porque no solo contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, sino que además brinda respaldo al sistema energético y permite que la transición avance de manera gradual y viable desde el punto de vista económico y social.
Por eso, en 2026 la seguridad energética se consolida como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de Colombia.
No es un concepto abstracto. Es la capacidad de proteger a los hogares frente a la volatilidad internacional, garantizar estabilidad para la industria y evitar que las crisis globales se conviertan en crisis locales.
Ese fue precisamente uno de los mensajes centrales que dejó el Congreso Naturgas 2026. La conversación energética ya no puede limitarse únicamente a la oferta o a la infraestructura, pues, hoy también debe centrarse en las personas y en cómo construir un sistema energético capaz de proteger su calidad de vida.
El reto ahora es transformar ese diagnóstico en decisiones concretas, responsables y con visión de largo plazo.
Porque cuando un país fortalece su seguridad energética, no solo protege su economía. También protege el bienestar de sus ciudadanos.
