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El gerente de la empresa de gas, Ramón Dávila, lanzó una advertencia directa al Congreso respecto a la iniciativa legislativa.
La propuesta, presentada por el senador conservador Miguel Ángel Barreto, vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado, plantea la creación de una “estampilla nacional” que unifique las tarifas de transporte de gas en todo el país. El objetivo, según sus impulsores, es garantizar el suministro en escenarios críticos como el fenómeno de El Niño, reducir la volatilidad del mercado y proteger a los usuarios más vulnerables.
Pero desde la Costa, la lectura es distinta: es la modificación del esquema tarifario del transporte de gas natural en Colombia, y que, de aprobarse, podría duplicar el costo del servicio para los usuarios de la región Caribe.
¿Qué cambiaría con la estampilla nacional?
Actualmente, las tarifas de transporte de gas natural varían según la ubicación geográfica y la cercanía a los puntos de producción o importación. La región Caribe, por estar cerca de los campos de gas y de infraestructura como el puerto de Cartagena, paga tarifas significativamente más bajas que en el interior del país.
Según cifras compartidas por Gases del Caribe, los usuarios costeños pagan en promedio USD 1,54 por millón de BTU, mientras que en el interior del país la tarifa puede llegar a USD 5,46. Con la estampilla nacional, se establecería una tarifa promedio de USD 2,70 para todos los usuarios, lo que implicaría un aumento del 76 % para la Costa, mientras que en el interior se reduciría hasta en un 50 %.
“Es un exabrupto. Nos quieren quitar una de las pocas ventajas comparativas que tiene la región”, afirmó Dávila en entrevista con medios nacionales. “No se puede castigar a quienes están cerca de la fuente por una decisión que busca beneficiar a quienes están lejos”.
Reacciones políticas y gremiales: del Interior hasta la Costa
El senador Barreto ha defendido la iniciativa argumentando que el país necesita un sistema de transporte de gas más equitativo y resiliente. “No podemos seguir con un modelo que deja a millones de colombianos expuestos a cortes o precios excesivos en momentos de crisis energética”, dijo en sesión del Senado.
El proyecto también contempla la creación de canastas tarifarias a lo largo de la cadena del gas, y la flexibilización de las reglas para la importación y comercialización del recurso. Según Barreto, esto permitiría que más empresas participen en el mercado, se diversifique la oferta y se reduzca la dependencia de fuentes locales.
La propuesta ha generado un rechazo casi unánime entre los gremios y líderes políticos de la región Caribe. El Comité Intergremial del Atlántico advirtió que el aumento en las tarifas de gas tendría un efecto dominó sobre el costo de la energía eléctrica, especialmente en zonas donde la generación térmica depende del gas natural.
“Esto no solo afecta a los hogares, sino también a las industrias, a los pequeños negocios, y a la competitividad de toda la región”, señaló el comité en un comunicado.
Senadores como José David Name y Carlos Meisel también se han pronunciado en contra. “No vamos a permitir que se imponga un modelo que perjudica a millones de costeños. Este proyecto no tiene sentido técnico ni justicia territorial”, dijo Meisel.
Expertos como Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, han advertido que el alza en las tarifas de gas podría provocar un retroceso en la transición energética. “Muchas empresas podrían volver al uso de carbón o combustibles más contaminantes, lo que va en contravía de los compromisos ambientales del país”, explicó.
Además, el aumento de tarifas podría generar presiones inflacionarias, especialmente en sectores como alimentos, transporte y manufactura, que dependen del gas para sus procesos productivos.
El proyecto aún está en etapa de discusión en la Comisión Quinta del Senado. Aunque no ha sido aprobado, su trámite ha encendido las alarmas en la región Caribe, que exige ser escuchada antes de que se tomen decisiones que afecten su economía y bienestar.
Ramón Dávila insiste en que el debate debe incluir criterios de equidad territorial y eficiencia económica. “No se trata de oponerse por oponerse. Se trata de defender a una región que ya enfrenta múltiples desafíos y que no puede asumir un nuevo golpe en su estructura de costos”, concluyó.
Fuente: ElTiempo
